Ecuador inició la Consulta Popular y Referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, con la jornada de votación anticipada para las personas privadas de libertad sin sentencia firme. Un total de 8.642 reclusos en 41 centros penitenciarios de 20 provincias ejercen su derecho al sufragio este jueves 13 de noviembre.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó que aunque 9.078 prisioneros estaban habilitados, la votación fue suspendida por razones de seguridad en el centro de privación de libertad número 1 en Machala, provincia de El Oro, donde hechos violentos recientes dejaron 45 internos fallecidos.

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El proceso se realiza bajo la coordinación de instituciones como el CNE, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas, con un despliegue de más de 3.600 efectivos de seguridad.

Una vez concluida la jornada, las urnas serán selladas y trasladadas a los centros de control provinciales. El recuento de estos votos se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, coincidiendo con el cierre de la votación general para el resto de los más de 13.9 millones de ecuatorianos convocados a las urnas.

La consulta y el Referéndum plantean cuatro preguntas cruciales. Los votantes deberán pronunciarse sobre la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar un nuevo texto constitucional, el posible retorno de las bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas, y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.

La propuesta de modificar el artículo cinco de la Constitución para permitir la reinstalación de las bases militares ha generado controversia. Organizaciones sociales, académicas y políticas locales han alzado la voz, argumentando que la aprobación de esta medida equivaldría a una entrega de la soberanía del país.

Estos sectores manifiestan una especial preocupación por las Islas Galápagos, archipiélago de incalculable valor ecológico y geopolítico.

De acuerdo con críticos del actual Gobierno neoliberal, la narrativa de Noboa busca encubrir esta posible entrega bajo el concepto de «puntos de cooperación internacional en materia de seguridad» con Estados Unidos. Advierten que, de aprobarse, Galápagos corre el riesgo de convertirse en una zona de influencia o control extranjero, comprometiendo su estatus como patrimonio natural único y su importancia estratégica.

Por otra parte, ya existió una base militar de EE.UU. en Ecuador. El enclave de Manta fue cerrado en 2009 y no jugó ningún papel en hacer frente a la inseguridad: lo hicieron las políticas públicas aplicadas durante la gestión del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que hizo del país uno de los más seguros de América Latina por aquellos años.

Este jueves es también el último día de campaña electoral; el silencio electoral comenzará a la medianoche, y la restricción de venta y consumo de bebidas alcohólicas (Ley Seca) regirá desde el mediodía del viernes 14 de noviembre, dos días antes de la jornada principal que definirá el futuro político de Ecuador.

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